El Parlament de Cataluña ha acordado este miércoles la reprobación de la parlamentaria del Partido Popular Alicia Sánchez-Camacho, por su negativa a comparecer en la Cámara para aclarar su vinculación con la trama de espionaje de la empresa Método 3.
La reprobación se realizó a propuesta de Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida y la mayoría de los grupos parlamentarios han votado a favor, excepto el PP, que se ha opuesto y el PSC, que se ha abstenido. También se le pide a Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán, que renuncie como senadora, pues ocupa ese cargo otorgado por el Parlament.
La portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (C’s), Carina Mejías, ha reclamado “a los diputados del Parlament que estén implicados en el espionaje político en Cataluña que comparezcan, rindan cuentas y asuman responsabilidades” y ha votado a favor de la propuesta de reprobación de la diputada del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, por “despreciar al Parlament al no comparecer para dar explicaciones de estos hechos”.
En la Comisión de Asuntos Institucionales de la cámara catalana, Mejías ha denunciado que el caso del espionaje político en Cataluña es “uno de los episodios más vergonzosos de los últimos años para la sociedad catalana” en el que ha habido “pactos de silencio, presiones y desconfianzas entre varios grupos parlamentarios”.
El PPC quiere explicar
El portavoz adjunto del grupo parlamentario del PPC, Santi Rodríguez, ha calificado hoy de “inédito en el parlamentarismo democrático la reprobación de un miembro electo de la oposición”. Así lo ha hecho durante el debate de una propuesta de resolución aprobada hoy en la Comisión de Asuntos Institucionales que pide la reprobación de la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho. Rodríguez cree que “en otros regímenes del mundo donde la oposición se persigue esto debe ser normal, como Cuba, Venezuela o Corea del Norte”. En este sentido se ha dirigido a CiU por considerar que “reprobar a aquellos que persiguen un objetivo político diferente del propio no hará que la gente crea más en la política, es claramente una pérdida de calidad democrática de este Parlamento”.
Rodriguez ha explicado que “esta es una propuesta que se hace desde el sectarismo” y ha señalado que “la reprobación de un cargo electo, no cargo público, significa la reprobación de una parte de la sociedad catalana”. “Con esta reprobación, se reprueban también a casi 500.000 catalanes, es la continuidad del pacto del Tinell y de las visitas al notario”, ha añadido.
En cuanto a las motivaciones de la propuesta, el portavoz adjunto del PPC ha puesto de manifiesto que “no tiene nada que ver con el caso Método3, dado que hay más víctimas de espionaje político en Cataluña como Joana Ortega, Felip Puig, Joan Recasens, Xavier Amador, Xavier Crespo, Albert Batet, Josep Lluis Carod Rovira y José Montilla y no se ha pedido la comparecencia de ninguno de ellos “. “Eso sí, un cargo del Gobierno dimitió asumiendo responsabilidades y recientemente el director general que se encontró con periodistas justo después de que se reunieran con el acusado del caso antes de su detención”, ha explicado criticando que “debe formar parte de su normalidad democrática que el director general de los Mossos se entreviste con personas denunciadas, sentenciadas y que han asumido la culpabilidad del espionaje “.
“De todas las personas espiadas, sólo una recurrió a la justicia, la señora Alicia Sánchez-Camacho, y sólo ella obtuvo el reconocimiento de culpabilidad avalado por la justicia con valor de sentencia”, ha agregado remarcando que “y a quien se persigue es la presidenta del PPC “. “De quien se pide la comparecencia y la reprobación es de la única persona víctima de espionaje que lo ha denunciado en el juzgado”, ha reiterado.
Por otra parte, Santi Rodríguez ha argumentado los motivos por los que la presidenta del grupo parlamentario no tiene ninguna obligación de comparecer en la Comisión de Asuntos Institucionales, “que es una comisión legislativa”. “El artículo 55 del Estatuto que detalla las funciones del Parlamento lo dice bien claro, ejercer la potestad legislativa, aprobar presupuestos, y controlar e impulsar la acción política y de gobierno”. “En ningún caso entre estas funciones están los motivos que solicitan en la comparecencia de la señora Sánchez-Camacho” ha continuado remarcando que “la obligación de comparecer es para cargos públicos y los diputados no lo son, son cargos electos”
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