Quito, (Andes) – El informe con los resultados de la investigación de una comisión especial que determinó como un intento de golpe de estado a los sucesos registrados en Ecuador el 30 de septiembre de 2010, serán entregados a la Fiscalía General de la Nación el lunes próximo, a las 09:30, informaron fuentes oficiales.
El objetivo es que la Fiscalía determine si existe el arco normativo para judicializar a los responsables del intento de golpe de estado, identificados por la comisión, según dijo Diego Guzmán, integrante del organismo creado por el gobierno hace un año.
El reclamo por supuestos perjuicios en bonificaciones salariales de un considerable número de gendarmes, iniciado en el regimiento Quito #1 –el más grande del país- desembocó en el secuestro del presidente de la República, Rafael Correa, en un hospital policial, del que fue rescatado tras varias horas en un operativo de fuerzas especiales del Ejército y de la propia Policía Nacional.
Previo al rescate del mandatario se interceptaron comunicaciones de la radiopatrulla policial en el que se llamaba a matar al jefe de Estado.
Conclusiones
Que el 30-S fue un intento de golpe de Estado blando concurrente con una estrategia de desestabilización regional.
Que antes y a lo largo del 30S, se puso en evidencia una oposición antidemocrática, la que se desnudó como conspirativa, desestabilizadora y golpista.
La campaña de desinformación respecto del alcance y contenido de las leyes y particularmente de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), buscó generar malestar en sectores de la ciudadanía y de la fuerza pública.
La oposición (incluidos algunos medios de comunicación privados) pretendió articular y aprovecharse de la demanda de estos sectores y de quienes se decían perjudicados por las leyes, para elaborar una base de movilización, presión y desinformación.
Los pronunciamientos de la mañana del 30S y el pedido de amnistía en horas de la tarde por un delito en curso, alentó como salida a la crisis el rompimiento del estado de derecho e incluso la muerte del Presidente de la República.
El rechazo violento a la presencia del Presidente en el Regimiento Quito evidenció que no se trataba de un reclamo laboral, sino de un alzamiento e insubordinación en curso, que actuaba como un factor detonante de la desestabilización.
Los hechos que se desarrollaron en el Regimiento Quito y en el Hospital de la Policía opacaron los hechos que se producían de manera simultánea en otros escenarios de desestabilización (Guayaquil, Cuenca, Sierra Centro, provincias).
Se utilizó la infraestructura de comunicación pública policial para la transmisión de órdenes y consignas, organización logística y propagación de la violencia. Estos mensajes se intensificaron con consignas para matar al Presidente en la tarde.
Miembros policiales en servicio activo y pasivo, que pertenecieron al extinto GAO fueron actores operativos clave en el desarrollo de los hechos del Regimiento Quito, Hospital de la Policía, Aeropuerto y Base Aérea de la FAE. Su participación se hace también evidente en actos preparatorios.
La paralización del Aeropuerto de Quito constituyó un objetivo estratégico en el proceso de desestabilización, al ser el centro de las operaciones aéreas, el punto de entrada y salida de vuelos nacionales e internacionales y un eje de la seguridad estratégica del Estado. Cuestión similar se observa en el caso del Aeropuerto de Guayaquil por el abandono de sus funciones por parte del personal policial.
La suspensión de servicios de seguridad ciudadana por parte de la Policía fue un factor que creó condiciones para los saqueos y agresiones de la delincuencia en varias ciudades en especial Guayaquil. Se tiene fuertes indicios de que estos saqueos habrían sido planificados.
El mando de la Policía Nacional no tuvo capacidad ni voluntad para prevenir, controlar y resolver el conflicto, lo cual fue una expresión de debilidad institucional, de las pugnas por el mando y de los intereses económicos en juego.
El pedido de cambio del orden del día de la sesión que habría podido escenificarse el 30S, en la que se solicitó la amnistía de los servidores públicos intervinientes en los hechos, y la rueda de prensa de los asambleístas de oposición en ese mismo sentido, se constituyó en un mensaje claro a los insubordinados: Impunidad y muerte al Presidente.
Movimientos gremiales como la FEUE, UGTE, CEOLS y trabajadores y sindicalistas petroleros protestaron frente a la Asamblea y llamaron a la toma física del Palacio Legislativo.
La irrupción violenta en el canal público Ecuador TV (opositores y complotados) tenía por propósito interrumpir la transmisión y dar paso a un desorden amplificado mediáticamente que haga efecto en la ciudadanía y conseguir la meta de atentar contra la institucionalidad y la democracia en el país.
La vida del Presidente se constituyó en un factor estratégico a lo largo del día, con un alto riesgo de magnicidio que se incrementó en horas de la tarde y noche.
La seguridad del Presidente no ingresó completa al Regimiento Quito ni al hospital de la Policía Nacional y fue fragmentada en el momento de su rescate.
El operativo militar de rescate del Presidente se ejecutó acorde a las condiciones que ofrecía el escenario y se complementó con la intervención del Grupo de Intervención y Rescate y una parte del Grupo de Operaciones Especiales (unidades élites de la Policía).
Fue un error estratégico haber dejado en manos de la misma Policía Nacional y de la Dirección General de Inteligencia (DGI) el apoyo a las investigaciones fiscales.
Las investigaciones fueron realizadas por equipos interagenciales o multidisciplinarios conformados, supervisados y controlados por la Dirección General de Inteligencia (DGI) lo que generó una colonización de la investigación, con una superposición del órgano policial sobre los fiscales que llevaban los expedientes.
Sobre el 30S se pretendió desplegar un manto de impunidad para dispersar y direccionar las investigaciones con la participación de elementos de la institución policial.
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