Quito, (Andes).- El ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, ratificó a la Agencia Andes que en Ecuador existe pleno derecho a pensar diferente al gobierno sobre los proyectos extractivos, pero que esa oposición no otorga derechos para actuar violentamente, tal como sucedió en la zona Intag, donde fueron atacados dos trabajadores de la Empresa Nacional Minera provocando la detención de un ciudadano.
“Cualquier persona tiene derecho de pensar distinto, nosotros como gobierno hemos sido transparentes desde el primer día en decir que vamos a aprovechar nuestros recursos naturales, vamos a aprovechar el petróleo, el oro, el cobre que tenemos afortunadamente en nuestro subsuelo y por supuesto lo vamos a hacer con normas ambientales y tecnología de punta para minimizar el impacto ambiental”, dijo.
Dos funcionarios de la empresa acudieron, el pasado 6 de abril, a la zona entre Junín y Chontal Alto, en esa intersección fueron emboscados y recibieron pedradas e insultos, según el testimonio de los afectados.
El ciudadano Javier R. fue identificado como una de las personas que supuestamente participó en esa agresión y fue detenido el jueves en la parroquia García Moreno.
No obstante, la prensa local difunde que el detenido y los demás participantes en este acto –el tercer episodio violento que registra la empresa en la zona- son víctimas de persecución y que se lo detuvo por oponerse a la minería, un hecho que no es un delito ni es causa de prisión en Ecuador.
“Estamos hablando de gente que tiene una agenda específica de atacar a los proyectos que desarrolla el gobierno y oponerse al desarrollo del país con el argumento de que están defendiendo el medio ambiente”, dijo el ministro.
“Nuestra responsabilidad es con el ser humano, con la comunidad aledaña y con los trabajadores, no con dos o tres familias o 20 personas que dicen que representan a las comunidades y que dicen ser los defensores de la zona. No vamos a permitir este tipo de actitudes anárquicas y violentas”.
Para el gerente de la Empresa Nacional Minera, Santiago Yépez, esta oposición está focalizada en un grupo pequeño de personas, y la mayor parte de los habitantes del valle de Intag están abiertos a conocer las actividades que se realizan en la zona.
“El proceso de socialización es una obligación de la empresa y un derecho de las comunidades, la gran mayoría de la población se ha visto asequible a que comuniquemos cuales serán nuestras actividades para los próximos años, y finalmente a que las zonas sean beneficiadas con el trabajo que se va a realizar y con un posible proceso minero que generará un desarrollo social importante”, dijo a Andes este sábado.
En la zona existe la concesión minera Llurimagua, pero los estudios para determinar el potencial de cobre y molibdeno todavía no concluyen; tampoco concluyen todavía los estudios de impacto ambiental, por lo cual es imposible determinar si el proyecto se realizará, explica Yépez.
No obstante, la empresa Ecuador Estratégico, que planifica obras de desarrollo en las zonas de impacto de proyectos extractivos, adelantará obras por cinco millones de dólares en 2014. En Intag -que pertenece al cantón Cotacachi (norte) no existe infraestructura de desarrollo como vías de primer orden o alcantarillado y agua potable.
“Este gobierno ha cambiado el proceso extractivo donde las comunidades nos e veían beneficiadas, ahora la Ley de Minería determina que el 60% de las regalías mineras sean depositadas en el desarrollo de las comunidades aledañas”, dijo Yépez.
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