“Durante los últimos días los estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA), perteneceiente a los núcleos de los estados Táchira y Mérida, han ejercido su legítimo e inalienable derecho a la protesta, amparados en el artículo 68 de nuestra Carta Fundamental”, dijo la diputada al Parlamento Latinoamericano y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia de la Mesa de Unidad Democrática, Delsa Solórzano.
“La reaccion del gobierno nacional, representa una brutal represión que ha arrojado detenidos, heridos y estudiantes sometidos al escarnio público inaceptable. Asimismo, hemos visto como han presentando amenazas para apresar al Secretario General de la ULA Táchira, Vilcar Fernández” indicó la parlamentaria.
Solórzano destacó que el anuncio de una llamada “orden de captura” contra cualquier ciudadano civil por parte de un funcionario militar, constituye una flagrante violación al debido proceso y al principio del juez natural, así como a la presunción de inocencia.
“Nuestra Constitución, en su artículo 68, prohíbe claramente el uso de armas y gases tóxicos en la represión de manifestaciones públicas. Es evidente el hecho de que existen estudiantes heridos en las manifestaciones”, dijo quien a su vez, exigió en nombre de la Mesa de la Unidad “respeto a la Constitución, y el cese a la persecución política”.
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