“El Gobierno va a cumplir las conclusiones del Consejo Europeo. En lo que tenemos que insistir es en que todos los gobiernos y todas las instituciones deben cumplir”, expresó el ministro Montoro.
El ministro de Hacienda dijo que se estudia ampliar las horas de trabajo semanales de los funcionarios y asimilar su régimen laboral al del sector privado a fin de buscar fórmulas y darle más peso a las evaluaciones sobre su productividad.
El titular de Hacienda señaló que otro de los objetivos prioritarios de este Gobierno reside en la lucha contra el fraude fiscal. Así señaló que esta medida no sería fundamental “si no estuviese extendido como un deporte nacional la pregunta con IVA o sin IVA” cuando se procede al pago de un bien o un determinado servicio.
Según los datos del ministro, España cuenta en estos momentos con la presión fiscal más baja del mundo desarrollado. De hecho la recaudación tributaria ha caído en siete puntos porcentuales de PIB desde 1997, lo que viene a suponer 70.000 millones de euros.
Montoro no ha dado fecha para la concreción de estas reformas.
Ante un grupo de jóvenes estudiantes señaló que en estos momentos se necesita en primer lugar financiación, un crédito que arriesgue y no sólo vaya a proyectos en marcha, ya que cuando se restringe como sucede actualmente, a quien más perjudica es a la pyme y al autónomo que ven como se les corta la circulación económica, explicó.
Es por ello por lo que dijo que una de las principales medidas sería la reforma del sector bancario, segregando los activos perjudicados por la crisis y no sólo los afectados por el sector inmobiliario. Una reforma de la que dijo no podemos hacer con recursos propios por lo que hay que contar con nuestros socios europeos.
Otra de las reformas que enunció el ministro es la del sector público, donde dijo que ya se ha avanzado con la Ley de Estabilidad Presupuestaria que desarrolla la reforma de la Constitución.
Montoro adelantó que en breve se contará con una Ley de Transparencia, donde se prohibirá gastar sin presupuesto, se inhabilitará al gestor público que gaste sin presupuesto. “Ningún ente público podrá gastar más allá de lo que marque su presupuesto y el gestor público sufrirá una condena de inhabilitación”. Así explicó que si hay necesidad de gastar, habrá que cambiar el presupuesto y asumir con ello las consecuencias políticas al transmitir desconfianza.
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