El acuerdo consta de 10 puntos, entre los que sobresalen, según informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, un incremento de 100 bolivianos al haber básico de los efectivos del orden, doble dotación de ración seca al año (arroz, azúcar y harina), revisión de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, creación de la Defensoría de la Policía y la formación de una comisión que se encargará de analizar la jubilación con el cien por cien de los ingresos percibidos.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, destacó el acuerdo y señaló que “hemos tenido arduas sesiones de diálogo para lograr este acuerdo por el bien de la Policía y del país y con esto todo retorna la tranquilidad”.
La suboficial Esther Corsón, representante de clases y guardias, señaló que “el acuerdo se lo hizo pensando en el pueblo de Bolivia porque ya era hora, pues la población estaba desprovista de servicios de seguridad”.
El jueves 21 de junio se desató la huelga de los uniformados en exigencia de un mayor salario, medida que en cuestión de horas adoptó carácter nacional.
A la huelga sobrevinieron vigilias y marchas de protesta que derivaron en la toma de instituciones policiales y la quema de documentos, además del daño a infraestructuras como es el caso de la Dirección del Tribunal Disciplinario y la Interpol, ubicadas ambas entre las calles Colón y Comercio, en la ciudad de La Paz.
El repliegue de los policías ocasionó que Palacio de Gobierno permanezca cerrado, al igual que la Cancillería que se ubica a pocos pasos del edificio de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), el mismo que fue el cuartel de los movilizados, como también la actividad fue irregular en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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