Condenan a 10 altos mandos del Ejército de Perú por robo y venta de combustibles

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Ministerio Público logra se condene a altos mandos del Ejército por caso “Gasolinazo” (Foto Fiscalía)

La Segunda Fiscalía Superior Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a cargo de la fiscal Escarleth Laura Escalante, logró que se condene a 10 altos mandos del Ejército de Perú implicados en la sustracción y comercialización ilegal de combustible asignado a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur, entre enero y noviembre de 2006.

Por un lado, fueron sentenciados a cinco años y seis meses de prisión el ex Comandante General de la Región Militar Sur, Edwin Alberto Donayre Gotzch; y el ex Comandante General de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales, Luis Alejandro Torrejón Riva.

Asimismo, el ex director de Logística del Ejército, Roberto Enrique Vértiz Cabrejos; el ex jefe del Servicio de Intendencia, Alex Enrique Robertson Cáceres; y el ex jefe de Programación del Departamento de Abastecimientos del Servicio de Intendencia, Luis Rolando Cusi Najarro.

Además, se dictó cuatro años de cárcel contra el ex Comandante General de la Región Militar Sur, Heli Gilberto Martos Rojas; el ex delegado del Servicio de Intendencia, Carlos Nemesio Robles Moreano; y la ex jefa de Sección Clase III, Ofir Sánchez Lavado.

Finalmente, el ex Comandante General del Ejército, César Augusto Reinoso Díaz, fue condenado a seis años de prisión; y el ex jefe de Compañía de Intendencia de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales, Ronald Víctor Aburto Sánchez, a cuatro años y seis meses de pena privativa de la libertad.

Todos ellos fueron sentenciados por los delitos de peculado doloso y contra la fe pública. Tras darse a conocer el fallo, la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lim, dispuso la detención de los implicados para su internamiento en un centro penitenciario.

Es importante precisar que, en el caso de Donayre Gotzch, se informó que el Poder Judicial solicitará al Congreso de la República el levantamiento de la prerrogativa de inmunidad parlamentaria que prohíbe su arresto.