Acusación contra el expresidente Carlos de Mesa desata crisis política en Bolivia

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El Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, Ramiro José Guerrero Peñaranda, presentó el lunes el Requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades en contra del expresidente Carlos Diego de Mesa Gisbert (Foto @FGE_Bolivia

El Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, Ramiro José Guerrero Peñaranda, presentó el Requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades en contra del expresidente Carlos Diego de Mesa Gisbert, en el marco del denominado caso Quiborax.

La acusación refiere a que durante el  mandato presidencial de Carlos Diego de Mesa Gisbert  (2003-2005),  dejó sin efecto las concesiones mineras a la empresa chilena Quiborax en el Salar de Uyuni y que esto ocasionó un grave perjuicio a Bolivia.

Pero la sospecha es que en realidad, es  una presión de Evo Morales para quitarse un rival en las elecciones presidenciales de 2019.

Según informa la agencia ABI, El expresidente Carlos de Mesa (2003-2005) afirmó el miércoles que acudirá a organismos internacionales cuando agote su defensa ante la justicia boliviana, tras el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en su contra que presentó la Fiscalía General del Estado por el caso Quiborax.

«Sin duda que sí, en el momento en el que haya agotado todas las instancias jurídicas del país y estas no hayan respondido con justicia y con una administración adecuada, esto todavía no ha terminado, por supuesto que iré a una instancia internacional», dijo a los periodistas.

La chilena Quioborax explotaba ulexita en el salar de Uyuni, cuando de Mesa anuló sus concesiones, según la acusación, sin cumplir procedimientos que su mismo Gobierno había aprobado en forma previa, lo que originó el pleito perdido finalmente por el Estado y el pago de 42,6 millones de dólares.

El expresidente dijo que al margen de asumir su defensa trabajará para que se respeten los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016.

El expresidente consideró que la decisión del fiscal confirma que en Bolivia se vive una «criminalización de la política» que sustituye a la dictadura y que el sistema judicial es un «instrumento del poder político».

«Me siento y soy acusador y acuso al Gobierno del presidente Evo Morales y acuso a su ex Ministro de Defensa Legal del Estado, ex Procurador del Estado y actual ministro de Justicia (Héctor Arce) y acuso al actual Procurador de Estado (Pablo Menacho) de haber llevado adelante una de las más vergonzosas defensas que se haya conocido en función de los derechos que tenía que guardar el Estado frente a una empresa pirata como Quiborax», mencionó.

Dijo que también deben ser convocados el Ministro de Justicia, el Procurador, además del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, y otras autoridades, por ese proceso que derivó en una demanda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) cuyo fallo ordenó que Bolivia pague más de 42 millones de dólares a la empresa chilena.

Según Mesa los procesos en su contra por los casos Misiles, Odebrecht y Quiborax son una estructura de «demolición política y personal» para tratar de «eliminarlo» políticamente.

Además, el exmandatario anunció su compromiso activo en la defensa de los resultados del referendo del 21 de febrero.

«Evo Morales no puede, no debe ser candidato a la Presidencia de Bolivia y aquí en este momento yo quiero expresarles mi compromiso de actuar de manera activa, de manera positiva, de manera comprometida en la defensa del 21 de febrero», indicó.

 

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